A través de los órganos del Estado se ejerce el Poder Público,
distribuido entre los Poderes Nacional, Estadal y Municipal. El primero se
divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Aun
reconociendo la especificidad de cada rama del Poder Público,
Los constituyentes de 1999 consideraron necesario establecer la
autonomía funcional, financiera y administrativa del Poder Judicial y del Poder
Ciudadano (ejercido por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor
del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República ) y la
independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria de los órganos del
Poder Electoral.
Así mismo consagraron la autonomía funcional, administrativa y
organizativa de la
Contraloría General de la República , la autonomía
técnica, funcional y financiera de la administración tributaria nacional, la
autonomía del Banco Central de Venezuela para “la formulación y el ejercicio de
las políticas de su competencia”, la autonomía de la administración cultural
pública en los términos que establezca la ley y la autonomía de las
universidades no experimentales, que les permitiría, entre otras cosas, darse a
sí mismas sus “normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente
de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la
ley”. También son autónomos Estados y Municipios.
Algunas competencias del Poder Nacional pueden transferirse a los
Estados y Municipios, con aprobación de la Asamblea Nacional
y planificación y coordinación del Consejo Federal de Gobierno (Órgano
presidido por el Vicepresidente Ejecutivo e integrado por Ministros,
gobernadores, un alcalde por estado y representantes de la sociedad organizada
según establezca la ley). Los Estados deben a su vez transferir a los
Municipios “los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en
capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos,
dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder
Público”. Incluso la
Constitución anuncia la redacción de una ley para transferir
los servicios gestionados por Estados y Municipios “a las comunidades y grupos
vecinales organizados (…) previa demostración de su capacidad para prestarlos”.
Entre estos se cuentan los servicios en materia de salud, educación, vivienda,
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección
vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
Consideraciones
sobre Gestión Fiscal y Rendición de Cuentas
Para cumplir con las obligaciones del Estado todos los órganos del Poder
Público deben realizar gastos. La Constitución permite que Estados y Municipios
obtengan Ingresos dentro de sus territorios, principalmente recurriendo a la
administración de sus bienes, la recaudación de impuestos y el cobro de tasas y
multas. Además, les reconoce participación en los ingresos ordinarios estimados
anualmente en el
Presupuesto Nacional, en la forma de transferencias, subvenciones y
asignaciones especiales. Destaca entre ellas el situado constitucional, una
partida que reserva entre 15% y 20% de tales ingresos para su distribución
entre Estados y Distrito Capital, transfiriendo 30% a partes iguales y 70%
según la población de cada entidad. Cada Estado, a su vez, debe transferir a
sus Municipios no menos del 20% del situado y de sus demás ingresos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional debe presentar un marco plurianual del presupuesto
a la Asamblea
Nacional , junto con una ley especial de endeudamiento y el
presupuesto anual, haciendo “explícitos los objetivos de largo plazo para la
política fiscal.
Estos últimos deben ordenarse jerárquicamente “de conformidad con la
distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos.” Órganos y Entes
sólo pueden existir si se han determinado su finalidad, competencias, forma
organizativa, adscripción funcional y administrativa y fuentes de
financiamiento. Su funcionamiento debe corresponderse con “políticas,
estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes
estratégicos y compromisos de gestión,” en base a los cuales debe hacerse “el
seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño
institucional y de los resultados alcanzados”.
Poder
Público Nacional:
A.-
Poder Ejecutivo:
Montesquieu en su teoría de la división de los poderes alude al Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, correspondiéndole al segundo
“ejecutar” la voluntad general del Estado o mejorar las leyes. Existe una
estrecha relación entre Estado y Administración Pública ya que la Administración
siempre es y continúa siendo parte del Poder Ejecutivo, razón por la cual suele
identificarse Administración con Poder Ejecutivo, así mismo suele identificarse
Poder Ejecutivo y Gobierno, donde el Gobierno es el conjunto Órganos que
constituyen el vértice del Poder Central, es decir, los órganos
constitucionales que realizan las funciones estatales, de tal forma que en esta
acepción formarán parte del gobierno no solo el Poder Ejecutivo, sino también
el Legislativo, el Judicial, Ciudadano y Electoral
Así como en
la carta Magna se establecen lo que corresponde a este Poder, existen otras
potestades que se le confieren al Presidente en concejo de Ministros y con el Vice-Presidente de la República :
a) Reglamentación de las Leyes: La facultad de reglamentar total o parcialmente las leyes
sin alterar su espíritu, propósito o
razón. Los reglamentos dictados conforme a esta atribución son los llamados
reglamentos de ejecución o ejecutivo que permiten facilitar la aplicación de
las leyes y a completar sus preceptos.
b) Negociación de Empréstitos:
Los cuales son operaciones de crédito que tienen por objeto arbitrar recursos o
fondo para realizar inversiones
productivas, atender casos de evidente necesidad nacional incluida la dotación
de títulos públicos al BCV para operaciones de mercado abierto y este no podía
controlar ningún empréstito sin autorización expresa de la A.N.
c) Créditos Adicionales:
La cual consiste en dictar créditos adicionales al presupuesto previa
autorización de la A.N ,
la ejecución de este presupuesto se debe ejecutar dentro de los límites de los
gastos aprobados lo que significa que el ejecutivo no debe hacer gasto alguno que no haya sido
aprobado en la ley de presupuesto; sin embargo ante la posible urgencia de
ordenar ciertos gastos no previstos en la ley, el ejecutivo nacional puede
decretar los créditos adicionales.
d) Contratos de Interés Público Nacional: Son los contratos referentes a la administración
pública permitidos por la
Constitución y las leyes y serán celebrados en representación
de la República bien sea por el Vice-Presidente o por el
Procurador General de la
República si el Poder Ejecutivo le hubiere comunicado
instrucciones para ello.
Con el Vice-Presidente de la República o Ministros
del Ramo
a) Administración de la Hacienda Pública Nacional: Comprende los bienes, rentas y deudas que conforman
el activo y el pasivo de la nación. La suprema dirección y administración de
esta corresponde al presidente quien lo ejerce por medio de los ministros y
cada uno de ellos tiene a su cargo la
vigilancia y cuido de los bienes
nacionales adscritos a su
ministerio.
b) Convenciones de Gobernadores: Corresponde al presidente reunir en las oportunidades que estime
conveniente a todos los gobernadores de los estados para una mejor coordinación
de los planes y labores administrativas y esta convocatoria la realizara el
Ministerio del Interior y Justicia.
c) Contingente Militar: El
Presidente de la República
a través de los despachos del Interior de Justicia y de la Defensa fijara la primera
quincena de Octubre de cada año el contingente anual ordinario para el ejército
y la armada correspondiente a cada
estado, y servirá de base para los llamamientos a la fila y la incorporación de
las Fuerzas Armadas.
Vice-Presidente de la República
Es el
órgano directo y colaborador inmediato del presidente de la República , en su
carácter de Jefe del Ejecutivo Nacional, le corresponde ejercer funciones tanto
de gobierno como administrativo por lo que se estatuye y corresponde al
Vice-Presidente Ejecutivo coordinar la Administración Pública
Nacional siguiendo las instrucciones del Presidente de la República las cuales se
extienden a todos los órganos y entes de
la
Administración Pública Nacional y el incumplimiento por parte
de estos puede llegar a tener serias consecuencias dado que el Vice-Presidente es el funcionario
que monopoliza la potestad de proponer al presidente de la República el
nombramiento y la remoción de los ministros . No es posible establecer una relación jerárquica entre el Vice-Presidente
y los Ministros ya que ambos son órganos
directo del Presidente de la
República y teniendo la misma condición de miembros del
consejo de ministros, son susceptibles de votos de censura.
- Poder Legislativo:
Es
importante señalar que la asamblea nacional, a baja escala, realiza funciones
eminentemente administrativas, sobre todo cuando se trata de la emisión de
actos referidos a su organización y funcionamiento como lo es dictar su
reglamento y aplicar las sanciones que en el se establezcan; la organización de su servicio de seguridad
interna y la de ejecutar resoluciones concernientes a su funcionamiento y
organización administrativa.
- Poder Judicial:
Comprende
una serie de órganos, tales como EL Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Judicial ,
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura , La Inspectoría General
de Tribunales, Tribunales Disciplinarios, entre otros; cuya funciones serán
eminentemente administrativas, en ejercicio de tales funciones se elabora y se
ejecuta el presupuesto, se ejerce la potestad disciplinaria y se administran
recursos.
– Poder Ciudadano:
A este
poder le corresponde preservar la ética pública y la moral administrativa, el
patrimonio público y la aplicación del principio de legalidad, así como
promover la educación, la solidaridad, la libertad, la democracia, la
responsabilidad y el trabajo; esta son atribuciones básicamente de control y de
defensa que constituyen todas las luces.
– Poder Electoral:
Le
corresponde como a su nombre lo indica funciones electorales, es decir, le
corresponde fundamentalmente la organización, vigilancia, dirección y
administración de los procesos electorales, así como lo referente que
referendos y consultas populares.
– Poder
Público Estadal:
a) Poder Legislativo:
Los
Consejos Legislativos ejercen funciones administrativas, pues se circunscribe
por lo general a las potestades internas relativas a su organización y
funcionamiento; en ejercicios de tales
funciones dictan su reglamento interior y de debates realizan los nombramientos
y remociones de su personal.
b) Poder Ejecutivo:
A este
poder le corresponde ejecutar las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo,
actividades realizadas en la prestación los servicios de policía;
administración y suministro de papel sellado, timbres y estampillas; la
administración y conservación de puertos y aeropuertos; administración y
conservación de las vías terrestres estadales, así como todos los actos
relativos a su organización y régimen de personal.
Poder Público Municipal
a)
Poder
Legislativo: Los concejos ejercen funciones administrativas, pero
a baja escala, en especial las actividades relativas a su organización y
funcionamiento, en ejercicio de tales funciones dictan su reglamento interior y
de debates, dictan acuerdos, nombran y remueven su personal.
b)
Poder
Ejecutivo: Le corresponde al poder ejecutivo, ejecutar las leyes
u ordenanzas dictadas por el concejo. A través de la función administrativa se
atienden en forma directa e inmediata las necesidades públicas de los
habitantes del municipio, como lo son la prestación de los servicios de agua
potable, electricidad, gas doméstico, aseo urbano y domiciliario, cementerio,
mercados públicos, servicio de policía así como todas las actividades relativas
a su organización, funcionamiento y régimen personal
Los
Administrados: Sujeto pasivo de la Administración ; son individuos sometidos a la
jurisdicción del Estado, en los regímenes democráticos, contrariamente a lo que
sucede en los regímenes totalitarios, los administrados han elegido previamente
a sus administradores, los cuales no son otra cosa que sus mandatarios, aunque,
en pocos países ya, revocables hasta el término de sus funciones.
Derechos, Deberes y Garantías de los
Administrados:
1. Principio
de la
Administración Pública al Servicio de los Particulares: Según el Artículo 5 de la LOAP la Administración
Pública estará al servicio de los particulares, cumpliendo con la satisfacción
de sus necesidades y con la mejora de los procedimientos y servicios, de
acuerdo con la políticas fijadas para la efectividad de los objetivos que
deberá tener la
Administración Pública con respecto al particular, cabe
destacar que, la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en su artículo 144 reitera y afianza lo expuesto en el artículo 5
de la LOAP.
2. Garantías
que debe ofrecer la
Administración Pública a los Particulares: Según el artículo 6 (LOAP) corresponde en detalle al principio de
la simplificación ya que estas garantías
tienen como objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares
ante la
Administración Pública , mejorar su eficiencia, pertinencia y
utilidad a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir
los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias
de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública
con los ciudadanos, y desarrollar su actividad así como su organización.
3. Derechos
de los Particulares en sus relaciones con la Administración Pública : Todo ciudadano tiene derecho al momento de
que se le esté tramitando un procedimiento administrativo estar informado sobre
la tramitación del mismo, y que funcionario lleva a cabo el proceso; además el
particular podrá solicitar original y copia sellada del documento tramitado y
acceder a los archivos como lo estipula la Constitución Bolivariana
de Venezuela; la
Administración Pública está obligada a tratar con respeto y
deferencia al particular como también salvaguardar los derechos de los
particulares en dicho proceso. El particular tiene derecho al agotamiento de la
vía administrativa a través de lo recursos administrativos y judiciales para la
defensa de sus intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública
como lo establece la ley.
Bases Jurídicas Para el Ejercicio de la Administración
Pública
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Pública, la
uniformidad podría extenderse a las gobernaciones de Estado y al nivel
municipal, lo cual en realidad no es nada nuevo. Al derogarse el marco
normativo de la
Constitución de 1961, se hace necesario dictar una nueva
normativa destinada a regular la organización y el funcionamiento de la Administración Pública ,
y se promulga la Ley
Orgánica de Administración Pública.
Pese a la obligatoriedad de distintos regímenes municipales esta nueva
ley, cuyo objetivo es establecer los principios y bases que rigen la
organización y el funcionamiento de la Administración Pública ,
establece, la obligatoriedad de observancia por parte de estados y municipios
de acatar principios y normas que se refieren a la administración pública.
Base CONSTITUCIONAL: La
responsabilidad de la administración pública se encuentra consagrada en nuestra
carta magna, allí encontramos las obligaciones y/o deberes que tienen la
Administración o en su defecto los sujetos de la función pública, en relación
con la prestación de los servicios públicos de los ciudadanos y fundamental
obligación es la de responder ante daños a los administrados en ejercicio de
las funciones públicas.
La responsabilidad administrativa inmersa en el ordenamiento jurídico
específicamente en este punto; en la Carta Magna, bien se pueden citar los
artículos 140, 141, 143 y 144, donde de manera objetiva se denota que el
legislador por necesidad de protección a los administrados y a la misma
administración establece responsabilidades que en un momento determinado debe
asumir la administración por daños causados a los particulares contra sus
bienes o derechos, siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionario
público.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece
además que el servicio que preste la Administración Pública debe estar
orientado en pro de los particulares que a su vez tienen derecho de ser
informados oportunamente por esta con relación a las actuaciones que estén
directamente interesados, por que oportunamente? Porque mayormente las
resoluciones y/o actuaciones son inherentes a ellos. Las actuaciones que de la
Administración emanen se sujetarán por mandato constitucional a los principios
de celeridad, participación, honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia y
sobre todo responsabilidad en su ejercicio de la función pública estando bajo
las consecuencias jurídicas si infringe la Constitución y la ley.
Base LEGAL: Relativamente ya
mencionada la responsabilidad administrativa contemplada en la C.R.B.V
podríamos pues mencionar en el ámbito legal a la Ley Orgánica Administración
Pública que es instrumento como vertiente primaria ya que allí se diserta
directamente los objetivos específicos de la Administración Pública como tal,
dando eficacia a los principios, valores y normas consagradas en la C.R.B.V,
hago referencia a los artículos 3 y14. El artículo 5 (eiusdem) en relación
aporta que es deber de la Administración Pública se garante a loa particulares
referente a la efectividad de sus derechos cuando a ella se relacionen y el
artículo 14 L.O.A.P; establece la responsabilidad patrimonial que recae sobre
la Administración por gestión de sus órganos frente a los administrados.
Principios rectores de la FUNCIÓN PÚBLICA
Los principios rectores de actividad o función pública están
contemplados en el artículo 141 de nuestra Constitución y en los artículos 4,
12, 19 y 20 de la Ley Orgánica Administración Pública, donde la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela enmarca que la Administración Pública
está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en ejercicio de sus
funciones en plena armonía con el derecho y la legislación y la L.O.A.P
artículos 12 y 19 fijan los principios que regirán la actividad de los órganos
de la Administración Pública para así realizar una actuación eficaz y que se
cumplan los objetivos buscados por las normas. También el principio de
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos público, que se
ajustará rigurosamente a los requerimientos de los órganos y entes de
Administración Pública para su funcionamiento y logros preestablecidos.
Así mismo el Decreto Número 4.595 de fecha 12 de junio de 2006 publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Numero 38.464 de
fecha 22 de junio de 2006 sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, en donde los Órganos que conforman la
Administración Publica se regulan por un Reglamento Orgánico
Como parte de los esfuerzos legislativos en la lucha contra la
corrupción y en el aumento de la probidad y la transparencia en el
funcionamiento de la administración Pública, en la Gaceta Oficial N°
5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003 en el año 2003 fue publicada la Ley Contra la Corrupción , la
cual tiene por objeto el establecimiento
de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la
misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo
adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los
principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia,
legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y
las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y
cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su
Reglamento
Estatuto de la Función Pública
El estatuto de la función pública fue dictado para desarrollar lo
establecido en los artículos 144 y 149 de la sección tercera de la función
pública del título IV del Poder Público de la C.R.B.V, y así relativamente el
desarrollo de las demás normas contentivas de principios rectores para nuestra
protagonista.
El estatuto contiene las normas del régimen de los funcionarios
públicos, el sistema de la función pública y la articulación de las carreras
públicas, la dirección y gestión de la función pública, es sistema de la
administración de personal, la planificación de recursos humanos, los procesos
de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo de
la planificación de las carreras, la evaluación de méritos, ascensos,
traslados, transferencias, la valoración y clasificación de los cargos, normas
sobre el régimen de remuneraciones, permisos y licencias, régimen
disciplinario, egreso y régimen de garantías jurisdiccionales. Así pues en pro
o en función del logro de los propósitos del Estado. Otro instrumento normativo
que desarrolla principios organizacionales que pueden considerarse
“post-burocráticos” es la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.
Este instrumento, anterior a la Constitución de 1999 dictado bajo la forma de
Decreto con fuerza de Ley, tiene un ámbito de aplicación que comprende la
Administración Central y supletoriamente la de los Estados y Municipios. Su
objeto es buscar la racionalización de las “tramitaciones
que realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su
eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y
funcionalidad en las mismas y mejorar las relaciones de la Administración
Pública con los ciudadanos”.
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